Etnografía de la corrupción en estudios de abogados de Lima
Publicado : 2016-07-17

Daniel Quiñonez Oré
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios de Maestría en Antropología en la Unidad de Post Grado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Univesidad Nacional Mayor de San Marcos.

I. Sujetos en la sombra: Los procuradores

Cuando uno revisa las páginas web de los estudios de abogados de Lima o acude a solicitar los servicios de dichos estudios en el mercado, se les presenta al staff profesional, el cual está conformado por los abogados que forman parte del equipo legal que se encuentra a cargo de las distintas labores encomendadas de acuerdo a su especialidad.

El staff profesional es presentado como un equipo de profesionales altamente calificados que se encuentran capacitados para llevar a cabo los distintos casos asignados, quienes tienen la tarea de  procurar que las labores encargadas sean desarrolladas de manera eficiente. Para ello, el equipo profesional tiene a su cargo a asistentes y practicantes, quienes constituyen el soporte material e intelectual de las labores encargadas.

No obstante lo mencionado, existe un personaje que se encuentra en las sombras del trabajo jurídico, que tiene como labor la realización del apoyo logístico en la presentación de documentos, entre los cuales se encuentra la presentación de los escritos judiciales. Este personaje es asiduamente llamado procurador. 

El procurador es aquel sujeto que presenta los escritos elaborados por los abogados. Este personaje tiene como tarea hacer que dichos escritos ingresen a los distintos juzgados (civiles, penales, comerciales, de familia, etc.) y a otras instituciones públicas (Municipalidades, organismos reguladores, etc.) dependiendo del tipo de trámite que se esté siguiendo. 

El personaje antes mencionado no es un abogado. Es por lo general una persona sin estudios superiores que ha encontrado en la realización y agilización de trámites una forma de subsistir. Su labor, como hemos mencionado, consiste en hacer que los documentos sean entregados de manera oportuna y sin retardo a las instituciones públicas designadas. Asimismo, tiene como tarea averiguar e impulsar el desarrollo de los trámites, ya sean a nivel judicial o administrativo. 

Por lo general, los estudios de abogados contratan como procuradores a personas que cuentan con experiencia en la realización de dichos trámites, dado que dicha experiencia será esencial para el desarrollo del trabajo encomendado. Es mediante dicha experiencia que los procuradores se convierten en sujetos importantes para la práctica jurídica, dado que los años de trabajo han hecho posible que conozcan a distintas personas que laboran en el sector público, con las cuales han desarrollado toda una serie de relaciones que les permiten actuar, cuando la ocasión lo requiere, de manera paralela al plano formal.

La importancia del trabajo de los procuradores es crucial, puesto que son ellos quienes conocen y mantienen relaciones con los trabajadores de la mesa de partes, los asistentes de juzgados, secretarios judiciales, relatores, entre otros trabajadores de los distintos juzgados. Dichas relaciones no son las únicas que mantienen los procuradores. Durante su labor conocen a otros procuradores, quienes debido a las labores ejercidas conocen a otros trabajadores que engloban toda una red de relaciones que hacen posible que ante cualquier eventualidad puedan recurrirse mutuamente. 

El trabajo realizado por el sujeto estudiado en este apartado, ha hecho posible que en el transcurso de su experiencia sea parte de toda una red de relaciones que hagan posible la realización de prácticas corruptas. El hecho que el procurador conozca a trabajadores que tengan a su cargo el destino de los distintos procesos judiciales hace posible que pueda recurrir a ellos mediante una serie de favores que rebasen el plano formal y estrictamente normativo. Favores como la copia y/o desaparición de expedientes, la entrega de Resoluciones Judiciales elaboradas por una de las partes (Autos, Sentencias), el impulso y/o demora de procesos judiciales dependiendo de la parte (demandante, demandado), entre otras prácticas, son posibles gracias a toda esa red de la cual forman parte los procuradores.

Estos sujetos son quienes hacen el trabajo paralelo; es decir, los que buscan y generan el contacto, entregan el monto de dinero, participan de las redes establecidas, entre otras prácticas, las cuales son de pleno conocimiento de los abogados, quienes ante la necesidad de recurrir a una práctica informal, requieren a los procuradores, quienes se encargan  de cumplir con el encargo solicitado. 

Las redes de corrupción antes mencionadas, no están conformadas solo por un lado, es decir por los trabajadores públicos que ejercen funciones en el Poder Judicial, sino también por sujetos privados, quienes son  los que recurren y forman parte de las redes de corrupción establecidas, solicitando toda una serie de actuaciones que se encuentran fuera del plano formal, y que constituyen una manera distinta (corrupta) de hacer posible el trabajo jurídico. 

Lo mencionado anteriormente, nos muestra que los estudios de abogados conocen perfectamente las dinámicas que se generan en el desarrollo de las prácticas corruptas. Las conocen y son parte de ella, considerando a dichas prácticas como parte del trabajo jurídico que se les brinda a los clientes. El objetivo es realizar de manera eficiente los encargos recibidos, y si para ello es preciso recurrir a dichas prácticas, recurren a los procuradores, quienes forman parte de esas redes de corrupción existentes. Los procuradores son el engranaje y la bisagra con la que cuentan los estudios de abogados para poder acceder a dichas relaciones. 

El presente Post constituye una parte de la etnografía que venimos trabajando en la elaboración de una tesis de Maestría, la cual tiene por finalidad dilucidar que la corrupción como fenómeno que asiduamente se muestra característico del Poder Judicial y, por consiguiente, a los Juzgados y Salas que lo conforman, también se encuentra presente en el sector privado, como lo es el caso de los estudios de abogados, quienes no tienen problema alguno en ingresar en las redes de corrupción existentes. 

II. Presentación de escritos fuera de plazo.

Una de las prácticas habituales es la presentación de escritos judiciales fuera de plazo. En todo proceso judicial se manejan plazos, ya sea para contestar demandas, proponer puntos controvertidos, impugnar resoluciones, entre otros actos procesales. Dichos plazos deben ser cumplidos, toda vez que la presentación de escritos fuera de los plazos hace que dichos escritos se tengan por no presentados, ocasionando un enorme perjuicio a la parte interesada. 

Ante el vencimiento de un plazo, los estudios de abogados encargan la labor al procurador, quien en base a las relaciones y redes de las cual forma parte, realiza los contactos necesarios. Un par de llamadas telefónicas y la presencia en el juzgado hace posible que el escrito sea ingresado fuera del horario habitual con fecha retrasada.

Luis  (Este y todos los nombres han sido cambiados) es uno de los informantes en el trabajo de campo desarrollado. Un día, el estudio en donde trabaja lo envió a presentar un escrito a los Juzgados Civiles, ubicados en el edificio Mario Alzamora Valdez frente al parque Universitario, el cual no pudo ser ingresado por llegar fuera de la hora establecida. Ante ello, fue llamado por el procurador del estudio, quien le manifestó que esperara a la espalda del local donde se encontraban los juzgados. Mientras esperaba se le acercó un trabajador de mesa de partes, quien lo llamó por su nombre y le solicitó el escrito. Después de 15 minutos de espera, el mismo procurador fue en su encuentro llevando el cargo sellado e ingresado al sistema. 

Al ser consultado Luis sobre el monto cancelado, manifestó que el procurador había cancelado la suma de US$ 100. En la conversación mantenida, Luis manifestó:

"Me sorprendió que todo el mundo conociera a Manuel (procurador). Todos lo saludaban y él me indicaba uno por uno quien era asistente, secretario, Juez, Relator, etc. Asimismo, me dijo que el siempre anda con un promedio de S/. 500, dado que siempre suceden este tipo de cosas". 

Los precios que se cancelan por la presentación de escritos fuera de plazo dependen. Dependen del tipo de escrito que se están presentando (contestación de demanda, impugnación, etc.) y del juzgado en donde se está llevando el proceso judicial. Asimismo, depende de la dificultad del encargo, es decir si el escrito será presentado uno o dos días después del vencimiento fijado. Los montos van desde los US$ 100 a US$ 300. En caso nos encontremos ante un trabajo difícil, el monto podría ascender hasta US$ 1,000.00.  Los pagos se realizan en lugares fueras del juzgado, en los cafés, bares, chifas y otros restaurantes que son utilizados como focos de transacción en donde se entrega el dinero por la labor realizada. Manuel al ser consultado por el monto de los precios, refiere: 

"Los precios son así porque los hombres (refiriéndose a los trabajadores) se juegan su puesto. Ellos saben que si son agarrados, pierden su empleo y se acaba todo". 

La práctica descrita en el presente apartado es común en los juzgados civiles, comerciales y penales, en  donde hemos podido tener acceso a la información proporcionada. Esta práctica como se puede entender, rebasa el plano formal de actuaciones legales, puesto que se ingresa escritos en procesos judiciales cuando estos deben ser rechazados por extemporáneos. 

III. Impulsos procesales.

Kathy es una asistente que asiduamente frecuenta los juzgados comerciales, ubicados en la cuadra 37 de la Av. Petit Thouars en Miraflores. Ella tiene a su cargo la cartera de recuperos; es decir, todos aquellos casos de ejecución en donde los Bancos deciden cobrar sus acreencias con las garantías firmadas por sus deudores. Dichas garantías pueden consistir en una hipoteca (bienes inmuebles) o en una garantía mobiliaria (bienes muebles). 

Nuestra informante manifiesta que los impulsos procesales se encuentran sujetos a incentivos, los cuales tiene que asiduamente pagar a los secretarios y asistentes de juzgados a efectos de que les programen sus audiencias, agilicen sus escritos y puedan llevar adelante la ejecución. Lo mencionado, implica que sus procesos sean atendidos de manera prioritaria, a pesar de existir un orden de prelación por razones de tiempo e importancia. 

Kathy nos informa al respecto:

"Tú siempre debes de pagarles. S/. 50  en promedio para que te atiendan y te programen tu expediente. Si no haces ello, tu proceso se va a mantener parado, a la espera de que se les ocurra impulsarlo".

Las entregas de dinero se realizan fuera del juzgado. Sin embargo, según la información obtenida, estas se realizan también dentro del juzgado. Así, Camila, otra de nuestras informantes, nos manifiesta:

"En lugares en donde no hay cámara, allí se les da el dinero. También cuando se les entrega documentos, allí tú debes poner el billete. Ellos lo cogen y después se lo guardan. Todo está calculado".

La información brindada por Camila, nos revela que a pesar de los controles establecidos por los órganos fiscalizadores, los agentes siempre buscan la manera de transgredirlos, optando por crear y seguir toda una serie de prácticas que poco a poco se van sofisticando. La instalación de cámaras y controles no ha resultado impedimento para que los agentes infractores sigan utilizando el pago de incentivos (coimas) para la prestación del trabajo jurídico. 

Asimismo, los informes recibidos en nuestro trabajo de campo revelan que la utilización de estos canales informales se realiza aun cuando los trámites realizados se encuentran dentro de su cauce normal. Es decir, nos encontramos frente a un acto de transgresión que busca mayor agilidad en los procesos a seguir, los cuales si siguen su curso formal demorarán mucho más tiempo en ser resueltos. Aquí, podemos apreciar la utilización de prácticas corruptas para la obtención de un resultado esperado, pagándose por el tiempo de resolución de estos. El resultado puede estar garantizado (no hay la necesidad de torcer la voluntad del juez o del asistente). Solo se paga un incentivo para que el resultado esperado pueda ser resuelto a la brevedad, sin mayor espera. 

IV. Emisión de Resoluciones Judiciales.

La emisión de resoluciones judiciales puede obedecer a un tema de impulso procesal, es decir para que la Resolución pendiente pueda ser emitida con prontitud, o también para que esta pueda ser emitida a la medida de los intereses de una sola parte. 

Kathy en su experiencia en Juzgados Comerciales nos manifestó lo siguiente:

"Para que una Resolución salga en el día me cobran S/. 300. Para emitir un auto final de acuerdo a lo que quiere el cliente me cobran S/. 1000. La entrega de dinero lo ve el procurador, quien se los entrega en un lugar público que está cerca al juzgado, o también en casinos o cines. Hay un secretario de juzgado que pide que el dinero se lo lleven a la tienda que tiene en el centro de Lima". 

Como se puede apreciar, resulta factible conseguir una Resolución Judicial a la medida. Ello, depende de la materia e importancia del caso que se está manejando, toda vez que a partir de allí se establecerá o no su importancia y magnitud. Los pagos realizados se realizan en lugares exteriores a los juzgados, toda vez que nos encontramos frente a una modalidad transgresora que implica una mayor coordinación entre los agentes infractores, quienes deben hablar y coordinar el sentido de la Resolución que se busca a obtener. Para ello, el contacto con los trabajadores de la institución pública es esencial, dado que en la medida en que se desarrolle una mayor relación con estos sujetos, se podrá obtener un mejor resultado que implica previamente el pago de un incentivo. 

V. Elaboración de Resoluciones Judiciales por una de las partes.

Otras de las prácticas advertidas consiste en la elaboración de Resoluciones Judiciales. Estas resoluciones pueden ser elaboradas por los mismos abogados del estudio que es parte del proceso judicial, quien gracias a las relaciones que han logrado entablar con los miembros del juzgado, obtienen así la posibilidad de "aminorar" el trabajo judicial del Juez a cargo y elaborar la Sentencia o cualquier otra Resolución Judicial que se encuentre pendiente. Nos encontramos aquí frente a una práctica transgresora que implica la participación de una de las partes del proceso judicial en trámite en la decisión final que se fijará en el respectivo auto final o sentencia. 

Por la magnitud de esta práctica, los contactos que se generan son no solo realizados por los procuradores, sino también por los abogados pertenecientes al staff profesional, quienes en base a relaciones de amistad conocen al Juez o al Secretario de Juzgado, con quienes logran llevar a cabo la realización de Resoluciones Judiciales, que después son entregados a efectos de que sean debidamente notificadas y formen parte del expediente judicial que dio lugar al caso materia de controversia. 

Adrián nos manifestó:

"Una vez realicé un auto que declaraba la nulidad de una Resolución, concediendo la apelación que había elaborado. En realidad para mí el tema estaba claro. El Juez había fallado. Me encomendaron que yo haga la Resolución, porque mi jefe era amigo del Juez".

Franco, quien trabajaba en un estudio dedicado a ver litigios penales nos manifestó al respecto:

"En el estudio me encomendaron realizar una Sentencia absolutoria. Realicé la Resolución y se la di a mi jefe, quien iba a encontrarse con el Juez para entregársela personalmente". 

Como se puede ver, los dos informantes nos manifestaron que el contacto había sido realizado por sus jefes, quienes eran abogados que mantenían una relación con el juez a cargo de la resolución de la controversia. En los casos conocidos los procuradores no intervinieron, dado que lo que implica la elaboración de una Resolución Judicial es una relación entre el Juez y los abogados del estudio, quienes se conocen por diversos motivos, ya sea por haber estudiado o trabajado juntos, etc. 

Estas prácticas nos revelan indudablemente que las redes de corrupción advertidas en la práctica jurídica no solo son utilizadas para la realización de actos procesales de trámite (presentación de escritos fuera de plazo, impulsos procesales), sino también para la resolución de cuestiones de fondo, implicando en varios casos la resolución final que se espera en la finalización del proceso judicial. 

VI. Obtención de copias simples de Resoluciones y expedientes judiciales.

Una de las prácticas más comunes que encontramos en la realización de nuestro trabajo de campo, consistió en la obtención de copias simples de documentos obrantes en el expediente judicial respectivo o, incluso, de la totalidad de un determinado expediente judicial. Esta práctica es agenciada por una de las partes en litigio que desea saber el contenido de una Resolución antes de su notificación, o también de un tercero interesado en una determinada controversia que se encuentra en trámite judicial.

Los montos de dinero que se pagan por copias varían. Dependen de la cantidad de copias que se requiere, de la magnitud del proceso que se está llevando a cabo, así como el interés y la voluntad del trabajador que tiene acceso al expediente judicial. Esto último es de especial consideración, toda vez que el trato se realiza generalmente con la persona encargada del expediente, quien evalúa el monto a cobrar dependiendo de la parte que solicita dicha copia, así como de lo que se encuentra en juego en la controversia judicial.

Los montos a los que hemos tenido acceso en nuestras entrevistas iban desde los S/. 120 hasta los US$ 500 a más. No existe un monto estándar o que se encuentre dentro de un margen establecido. Como señalamos, se trata de actuaciones que dependen mucho de la persona con quien se esté realizando el acuerdo y de la controversia que se viene llevando a cabo. 

En uno de los casos a los que tuvimos acceso, el procurador del estudio tenía por encargo conseguir copias de todas las contestaciones de demanda que iban presentando las partes demandadas en un proceso judicial de reivindicación (en donde se discute el derecho de propiedad de un bien y el demandante, supuesto propietario, exige la restitución del mismo). Cada vez que se ingresaba en el sistema u escrito judicial de una de las partes demandadas, el procurador se apersonaba al Juzgado y obtenía copia de los documentos ingresados. El precio que pagaba por las copias oscilaba entre los S/. 100 a S/. 200. 

A efectos de contrastar el monto cobrado tuvimos acceso a un caso en donde la suma que se llegó a cancelar fue de S/. 1200, dado que se logró conseguir copia de la totalidad de un expediente judicial que constaba de cinco tomos. El testimonio que nos brindó Juan al respecto fue el siguiente:

"Una vez pude sacar copia de cinco tomos de un expediente judicial. El contacto lo hice la especialista del juzgado, que es bastante conocida por realizar este tipo de actos. La especialista tenía tanta confianza con el personal que trabajaba en el Juzgado que inclusive pudo sacar los expedientes a los alrededores y allí mismo sacar las copias que le encargué" 

De la misma manera, en otro testimonio que obtuvimos para la presente investigación, se  dio cuenta de que la obtención de copias simples constituye una práctica casi cotidiana y usual en los Juzgados y Salas, depende mucho de los contactos con que se cuente en el lugar en donde se encuentra el expediente, dado que ello facilitará que se pueda obtener el documento que se busca conseguir. 

Así, Carlos en una conversación que mantuvimos, nos manifestó al respecto:

"La obtención de copias se te hace fácil si conoces a la gente que está en el Juzgado. Solo vas, hablas con tu contacto, le das el monto que te pide y listo, obtienes los documentos sin ningún problema. El documento incluso te lo dan en el mismo Juzgado". 

Lo mencionado anteriormente, rebela que nos encontramos ante una práctica asidua, la cual es utilizada a efectos de obtener información que se considera relevante en el desarrollo de un litigio judicial. El precio que se cancela, se paga por la celeridad en obtener la información o por tener acceso a un documento que la parte litigante no ha podido obtener.

A modo de conclusión: La naturalización de las prácticas corruptas en el desarrollo de la práctica jurídica en los estudios de abogados de Lima. 

Como lo hemos manifestado en el apartado anterior, los casos que hemos citado en el presente post, acreditan que los estudios de abogados de Lima conocen y participan de manera efectiva en estas redes. Para ello, como lo hemos expuesto en los apartados anteriores, cuentan con personas que conocen y forman parte de las redes de corrupción existentes. Los estudios de abogados, esto es el sector privado, forma parte de estas redes de corrupción existentes, toda vez que incentivan su actuación y desenvolvimiento. 

Podemos manifestar que el ejercicio de la práctica jurídica en el desarrollo de un proceso judicial si bien se ejerce mediante la utilización de la técnica jurídica, es decir, mediante el ejercicio legal de la profesión utilizando las herramientas legales existentes; en algunos casos recurre al ejercicio de acciones corruptas, cuya utilización resulta esencial e importante para la obtención del resultado. La existencia de los procuradores, por ejemplo, revela que el plano formal y técnico del trabajo jurídico no es suficiente a efectos de obtener buenos resultados, sino que es necesario realizar y estar al tanto de toda una serie de prácticas que ayudarán a asegurar el resultado positivo que se busca con el patrocinio de un caso. Los procuradores y los abogados buscan conocer a los funcionarios encargados de los casos llevados. El establecimiento de las relaciones con dichos trabajadores permite y facilita la formación y participación en las redes de corrupción existentes. 

¿Hasta qué punto la realización de prácticas corruptas se ha vuelto un elemento importante en el ejercicio del trabajo jurídico? De la información que obtuvimos de la realización de nuestro trabajo de campo, podemos afirmar que en los casos analizados, la recurrencia a prácticas corruptas fue considerada esencial para el resultado eficiente del trabajo jurídico. 

En efecto, en cada uno de los casos analizados, se consideró que la recurrencia a actuaciones corruptas era de vital importancia para la obtención de un resultado exitoso. Asimismo, las personas que fungieron de informantes en la presente investigación consideraron que las prácticas descritas se cometían con mucha regularidad, llegando a afirmar que estas constituían actuaciones asiduas que se consideran normales dentro del ejercicio del trabajo jurídico.

Lo señalado a lo largo de estas páginas revela que los actos de corrupción se han naturalizado y normalizado (Foucault: 2002) a tal punto que forman parte del trabajo jurídico desarrollado en el ejercicio de la práctica jurídica. Los testimonios esbozados en el presente trabajo, dan cuenta que el desembolso de dinero para la realización de labores e incentivos, constituye una práctica asidua que da lugar a que los estudios de abogados puedan contar siempre con fondos disponibles para la realización de prácticas corruptas. Asimismo, se ha podido apreciar que los clientes, en muchos casos, son conscientes de los pagos que muchas veces hay que realizar para la obtención de resultados. Tanto los estudios de abogados como sus respectivos clientes no tienen problema alguno en entrar a estas redes de corrupción. Ello, demuestra que dichas prácticas, en algunas ocasiones, se han vuelto y constituyen parte y, a su vez, contenido del trabajo jurídico.

Hablamos de naturalización de prácticas corruptas en el ejercicio de la actividad jurídica privada, toda vez que consideramos que esta se ha ido normalizando; es decir, que viene siendo considerada como parte del ejercicio jurídico en el desarrollo de la praxis legal. Los sujetos intervinientes en la realización de dichas prácticas consideran que su utilización coadyuva a la realización de un trabajo jurídico exitoso. Sin perjuicio del juicio de valor negativo del cual son conscientes que son catalogadas las prácticas corruptas, los sujetos que intervienen en la realización de dichas prácticas, recurren a estas debido a que coadyuvan a la obtención del resultado esperado.

En los estudios de Mujica (2011), Pásara  (2005) y en la investigación elaborada por la Comisión Andina de Juristas (2003) se manifiesta que los estudios de abogados recurren a estudios satélites a efectos de que sean estos los que ingresen en las redes de corrupción y consigan los resultados encargados de manera paralela al plano formal. En el trabajo de campo que hemos desarrollado, hemos podido apreciar que los estudios de abogados no tienen problema ningún en entrar por su cuenta a las redes de corrupción existentes. Para ello, como hemos podido apreciar, cuentan dentro de su personal, a sujetos que tienen acceso a las redes antes mencionadas. 

La naturalización y normalización a la que hacemos referencia se sustenta en lo antes mencionado. Es decir, que los estudios de abogados conocen perfectamente de la existencia de redes de corrupción  y no tienen problema alguno en entrar en ellas si se presenta una situación que así lo amerite. Estamos frente a una situación en la cual si bien no todo el personal perteneciente a un estudio de abogado no participa de las redes de corrupción, conoce de su existencia y entiende que, algunas veces, resulta importante y esencial activar sus actuaciones. La propia experiencia que tenemos en el ejercicio de la práctica jurídica profesional, corrobora lo que venimos afirmando. En el ejercicio de la actividad privada en los estudios de abogados, se tiene como una herramienta latente para el éxito de un determinado caso, la realización de prácticas corruptas.

Si buscamos encontrar la razón del ejercicio de prácticas corruptas en el ejercicio profesional de la abogacía, podemos hallar distintas causas dependiendo de la práctica que se busca ejecutar. Así, algunas de las prácticas tienen su origen en la falta de celeridad de los procesos y trámites judiciales que hacen que los resultados esperados demoren años. Los impulsos procesales por ejemplo, constituyen una muestra saltante de que se paga a efectos de obtener celeridad en un proceso judicial. Asimismo, algunos de los casos en donde se busca obtener copia de resoluciones judiciales que van a ser notificadas, en parte tiene como motivo la obtención de información de manera rápida, a efectos de no esperar meses para la notificación de la Resolución esperada. 

No obstante, si nos quedamos en la crítica que ubica el problema de la "corrupción jurídica" en la lentitud de los procesos judiciales debido a la excesiva carga judicial y a la lentitud de los procedimientos burocráticos que tramitan los expedientes judiciales, no podremos explicar los casos en donde una de las partes litigantes elabora una Resolución Judicial, o aquellos en los que se desaparecen expedientes judiciales o se presentan escritos fuera de plazo.

Las actuaciones antes mencionadas no se generan como consecuencia de la lentitud del sistema, sino que constituyen argucias que usan los sujetos privados a efectos de transgredir las reglas impuestas y obtener resultados recurriendo al ejercicio de prácticas no permitidas. Este tipo de prácticas buscan obtener los resultados deseados en el desarrollo del proceso judicial, sin importar si se cuenta o no con la razón jurídica para obtener ello.

Asimismo, creemos que si bien se pueden implementar reformas que puedan hacer mucho más transparentes y rápidos los procesos judiciales (pensamos, por ejemplo, en la estructura del nuevo proceso laboral basado en la oralidad, o en la implementación del Código Procesal Penal), brindar mayores recursos al personal administrativo y judicial que labora en el Poder Judicial (pensamos en el aumento de remuneraciones, por citar un ejemplo), así como el fortalecimiento institucional de los órganos fiscalizadores (pensamos en la OCMA por ejemplo) creemos que el ejercicio de prácticas corruptas no cesará, toda vez que las redes de corrupción ejercidas se renuevan constantemente, encontrando siempre nuevos mecanismos a efectos de seguir actuando de manera constante. 

Nos encontramos indudablemente ante un tema complejo y difícil. Desde nuestro punto de vista vivimos dentro de una "cultura de la corrupción" (Portocarrero: 2010) que se ha instalado en distintas estructuras de nuestra sociedad, encontrándose bastante arraigada en el ejercicio de la práctica jurídica. No resulta extraño que asiduamente se asimile al ejercicio de la abogacía con la realización de prácticas corruptas. Nos hallamos en un terreno en donde la corrupción se ha desenvuelto cotidianamente. 

Si bien consideramos que la dación de reformas resulta importante para aminorar las prácticas corruptas, creemos que estas no se deben limitar al plano económico (mayores ingresos para los trabajadores estatales) ni a la estructura de los procesos judiciales que se llevan a cabo (reformas institucionales, procesales, etc.), sino que también deben comprender reformas que vayan de la mano con políticas nacionales que tengan por objetivo la eliminación de prácticas transgresoras (el ?criollismo? o la ?viveza? muchas veces celebratoria).

La normalización de las prácticas corruptas que se han insertado en el ejercicio de la abogacía debe ser entendida más allá de incentivos económicos o explicaciones institucionales, sino que debe ser vista como parte de un fenómeno transgresor que ha instalado en la vida misma de la sociedad. Si entendemos que existe una cultura de la corrupción instalada en la sociedad misma y que esta engloba al ejercicio de la práctica jurídica, debemos estudiar y analizar la actuación de dichas prácticas, la manera en que operan y se desenvuelven, a efectos de procurar soluciones que ataquen el mantenimiento de dicha cultura, la cual por el hecho de ser tal, es susceptible de ser modificada y aminorada. 

BIBLIOGRAFÍA

BOURDIEU, Pierre. "Elementos para una sociología del campo jurídico" en Bourdieu, Pierre y Teubner, Gunther. "La fuerza del Derecho" Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2000. 

COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS. "Corrupción judicial. Mecanismos de control y vigilancia ciudadana". Lima: CAJ, 2003.

FOUCAULT, Michel. "Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión". Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2002. 

MUJICA, Jaris. "Micropolíticas de la corrupción. Redes de poder y corrupción en el Palacio de Justicia" Lima: Asamblea Nacional de Rectores, 2011. 

PÁSARA, Luis. "Los abogados de Lima y la administración de justicia. Una aproximación preliminar". Lima: Instituto de Defensa Legal, 2005.

PORTOCARRERO, Gonzalo. "Rostros criollos del mal. Cultura y transgresión en la sociedad peruana". Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2010. 


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